Un contrato vigente de la corporación ANTEX S.A., la empresa estatal cubana que controla la exportación de servicios de la isla en Angola, obtenido por Martí Noticias, expone el lado más oscuro de las llamadas “misiones internacionales” de profesionales cubanos: retención de salarios, confiscación de pasaportes, prohibiciones para casarse o hablar con la prensa y un juramento de fidelidad política al régimen.
El documento, firmado en La Habana con un profesional de la salud, deja claro que el control ideológico y personal sobre los trabajadores cubanos no se detiene en las fronteras nacionales.
“El gobierno no solo nos roba el salario que paga Angola por nosotros, también nos estafa con el tipo de cambio”, dijo el profesional sanitario que filtró el contrato, bajo condición de anonimato.
Pagos simbólicos y dinero retenido en Cuba
Aunque el contrato fija un salario base de 598 dólares mensuales, en el país de destino el trabajador recibe solo 200 dólares en kuanzas, moneda de Angola, y al tipo de cambio impuesto por la propia empresa. El resto se retiene en Cuba, en una cuenta controlada por ANTEX que puede disponer de esos fondos para cubrir “indemnizaciones” o “medidas disciplinarias”.
Durante las vacaciones en la isla, el empleado solo puede retirar la mitad del dinero acumulado; el 100% se entrega al final de la misión y solo si no hay sanciones pendientes.
En la práctica, aunque el contrato estipula pagos en dólares, el régimen entrega el dinero en MLC, una moneda virtual con menor valor en el mercado cubano.
“Lo que venden como cooperación internacional es trabajo forzoso. Y ahora han modificado el contrato para pagar incluso menos: si alegan falta de liquidez, pueden bajar el estipendio a 100 o hasta 50 dólares al mes”, advirtió Annarella Grimal, investigadora que ha documentado durante años las misiones cubanas en África.
Control sobre documentos y vida privada
El contrato obliga a entregar el pasaporte dos meses antes de que expire la visa, dejando al trabajador sin documento válido y bajo control absoluto del empleador.
Además, impone restricciones como:
- Prohibición de casarse o reconocer hijos en el país de misión.
- Viajar dentro de Angola sin permiso escrito de ANTEX.
- Asistir a eventos públicos o conceder entrevistas sin autorización.
- Notificar en 72 horas cualquier relación “estable y permanente” con locales o extranjeros.
Grimal recordó que estas prohibiciones no son nuevas: “Están vigentes desde hace 20 años. Son mecanismos de control que el régimen recicla en cada contrato”.
Juramento de fidelidad política
En el apartado 13.1.b, el trabajador se compromete a “mantener un comportamiento ético, político, social, laboral y moral revolucionario” y a “contribuir al prestigio de la Revolución”.
“Es un contrato laboral convertido en juramento partidista”, señaló la investigadora. “No es solo prestar un servicio médico: se les convierte en instrumentos políticos del régimen”.
Trabajo forzoso según estándares internacionales
Juristas y expertos consultados apuntan que el documento contiene varios indicadores de trabajo forzoso definidos por la Organización Internacional del Trabajo: retención de documentos, restricción de movimientos, retención de salarios, amenazas de sanciones económicas y control sobre la vida privada.
La ONU ha advertido que estas prácticas, combinadas, pueden constituir trata de personas con fines de explotación laboral.
Un negocio millonario
Investigaciones previas de Grimal muestran que el régimen cubano factura a Angola más de 270 millones de dólares anuales por la exportación de servicios, pero el trabajador solo recibe entre el 9% y el 24% de lo que paga el país africano.
“En más de 56 países hay hoy más de 24 mil profesionales cubanos bajo este sistema. No es cooperación, es explotación”, concluyó.
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